A partir de este jueves, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica el decreto que establece los precios de los servicios médicos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) puede subcontratar a entidades privadas. Es importante recordar que esta normativa generó acusaciones por parte de los partidos de izquierda hacia el Gobierno andaluz, señalando su intención de privatizar ciertas funciones del sistema de salud en Andalucía.
El gobierno de Juanma Moreno negó dicha acusación. Afirmaron que el decreto aún estaba en proceso de elaboración y había estado expuesto a enmiendas desde el mes de agosto. Aseguraron que su objetivo era establecer un marco normativo para determinar los pagos a empresas privadas en caso de necesitar derivar pacientes. Además, desde la Consejería de Salud y Consumo señalaron que esta normativa no era nueva, sino que actualizaba una anterior del PSOE que tenía 25 años de antigüedad. En la actualidad, este decreto ya no es un proyecto, sino una realidad vigente.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, afirmó en respuesta a la polémica que no había intención de establecer acuerdos con el sector privado para cubrir plazas en atención primaria. Una de las acusaciones realizadas por la líder de Por Andalucía, Inma Nieto, fue que el decreto contemplaba la posibilidad de permitir que profesionales sanitarios privados ejerzan en instalaciones públicas. Esto, según Nieto, abriría la puerta a que hospitales como el Militar de Sevilla pudieran contratar personal externo al SAS.
La consejera de Salud, Catalina García, rechazó rotundamente dichas acusaciones. De manera similar, reafirmó en repetidas ocasiones, incluso este jueves, que no se llevará a cabo ninguna privatización ni en la atención primaria ni en la hospitalaria. La titular de Salud enfatizó que no se permitirá la privatización de ningún aspecto dentro del sistema sanitario público mientras el Partido Popular esté en el gobierno.
"Hoy se ha publicado una nueva orden de tarifas que actualiza una orden anterior de 1998. Esta orden se implementará junto con lo establecido en otras órdenes existentes", afirmó la consejera. Además, recordó que, por ejemplo, "en la orden de diálisis se establece que en centros periféricos pueden participar tanto profesionales del SAS como del sector privado".
"De la misma manera en que creo firmemente que cuando el PSOE e IU renovaron las órdenes de tarifas, no tenían la intención de privatizar el sistema sanitario público de Andalucía, sino de brindar soluciones a las necesidades del sistema, esta nueva orden tiene exactamente el mismo propósito. Es un marco normativo que establece precios máximos para atender las necesidades que pueda tener el sistema público a lo largo del tiempo", expresó la consejera.
Sin embargo, la oposición no confía en estas afirmaciones. De hecho, la líder de Por Andalucía, Inma Nieto, ha insistido en que la publicación del decreto confirma que se está autorizando la privatización de la Atención Primaria, lo cual considera una decisión grave y sin precedentes en España. Además, resalta que el decreto fue firmado el 23 de febrero, haciendo hincapié en ese detalle en un mensaje en Twitter.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, también se ha pronunciado al respecto, señalando que la orden de precios para la externalización de servicios sanitarios es un paso hacia la privatización de la sanidad andaluza. Añade que el Gobierno central estará vigilante con esta cuestión y no permitirá ningún retroceso en la Sanidad pública.
La exconsejera andaluza de Salud en épocas de gobiernos socialistas también ha advertido que, con la publicación de esta orden, el Gobierno andaluz está iniciando un camino de privatización del servicio de salud, considerado un valioso servicio público en Andalucía.
El polémico decreto, vale la pena recordarlo, incluye un anexo con los precios que se pagarán a partir de este mismo jueves por la externalización de servicios sanitarios. En él, se establecen tarifas máximas, como por ejemplo 65 euros por consultas de Atención Primaria, 150 euros por primeras consultas, 90 euros por consultas de seguimiento y 215 euros por consultas de "alta resolución".
La orden aclara que estas tarifas máximas corresponden a consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias. En caso de que la prestación del servicio no se realice en dichas instalaciones, la tarifa máxima se reducirá en un 35%.
Dentro del apartado de procedimientos quirúrgicos, se destacan las tarifas más altas para las "operaciones para transformación de sexo no clasificadas bajo otros conceptos". Específicamente, se estipulan costos de 31.900 euros para colovaginoplastias, 28.600 euros para faloplastias y 22.900 euros para vaginoplastias.
Por otro lado, entre los procedimientos quirúrgicos con tarifas más bajas, se encuentran las escisiones en la boca o por lesión maxilar de origen dentario, que tienen una tarifa de 167 euros, según informa Europa Press.
En cuanto a los procedimientos diagnósticos, las tarifas establecidas varían desde los 31,8 euros para ciertas ecografías hasta los 1.749 euros para un PET-TAC Fluor PSMA (Antígeno Prostático Específico Membrana).
Además, el SAS ha establecido una tarifa máxima de 215 euros por día de hospitalización en planta para estancias de uno a siete días, de 150 euros diarios para estancias de ocho a 30 días, y de 125 euros para estancias superiores a 30 días.
Fuente: sevilla.abc.es
