Los rectores de las universidades españolas solicitan mayor autonomía para poder tener una mejor gestión. Algunas de las medidas que han pedido al gobierno incluyen la libertad para poder contratar a investigadores y profesores internacionales con sueldos distintos de los que cobran los funcionarios en las públicas o fijar las tasas que pagan los estudiantes en grados (carreras) y másteres, que a partir de 2012 se dispararon en algunas comunidades autónomas tras la aprobación de un decreto ministerial que establecía una horquilla de precios que hacía mayor si cabe, la brecha económica entre universidades públicas y privadas y establecía diferencias de precio por regiones.
El presidente de la CRUE solicita al gobierno que les conceda dicha autonomía para estudiar el caso de cada universidad como algo independiente, ya que cada una es diferente.
En cuanto a fijar los precios para carreras y másteres, se debe fundamentalmente a que desde 2012 se aprobó un decreto en el Ministerio de Educación por el cual se establecían diferentes precios lo que provocaba diferencias regionales que obviamente perjudicaban al estudiante. Madrid y Cataluña fueron las dos Comunidades Autónomas que más subieron sus precios con respecto a otras regiones haciendo que la misma carrera sea el triple de cara en la capital que en Galicia, por mencionar un ejemplo.
Respecto a los másters, la CRUE se queja igualmente de la variedad de precios, lo que supone que en algunas especialidades se haya visto mermado el número de alumnos debido al encarecimiento de los precios.
La conferencia reclama también más autonomía para administrar la tasa de reposición —la sustitución de docentes e investigadores que quedó al 10% en esta legislatura y acaba de ser repuesta al 100%— 'ajustándose al gasto'.
En lo que sí consiguieron autonomía según indica el presidente de la CRUE es en la capacidad de reducir la duración de las carreras de cuatro a tres años y que los másteres se amplíen a dos (ahora son generalmente de uno), algo paradójico teniendo en cuenta la reducción de becas y la limitación de las tasas; sin embargo las universidades aprobaron una moratoria para no comenzar a aplicar este decreto 3+2 hasta 2017.
Fuente: El Pais
