Hasta hace solo unos meses, España era el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley de acceso a la información pública o ley de transparencia. En noviembre de 2013, la norma vio finalmente la luz en el Congreso, aunque su entrada en vigor escalonada ha hecho que solo desde este miércoles, 10 de diciembre, los ciudadanos puedan hacer peticiones a través de Internet o consultar aquello que la Administración ponga a su disposición.
La Ley de Transparencia que hoy entra en vigor en España se suma a las otras 99 que existen en el mundo, una por país. La organización Access Info Europe junto a la canadiense Centro de la Ley y la Democracia elaboran un ranking con las mejores leyes de transparencia. La española queda en el puesto 64º. “Valoramos las normas sobre el papel, pero no su aplicación”, dice Victoria Anderica, de Access Info Europe. “Por desgracia es muy difícil evaluar cómo es su práctica y muchas veces no resulta satisfactoria”, puntualiza.
España y su ley ocupan el puesto 64 de 100 países. - El silencio administrativo en España alcanza un porcentaje del 57%, según el informe de 2013 de la plataforma Tu derecho a Saber, que canalizó el año pasado 654 solicitudes de información de ciudadanos a instituciones nacionales, autonómicas y locales. Esta cifra nos sitúa, comparando iniciativas similares, a la misma altura de países como Italia o Túnez. En otros como Reino Unido, el 61% de las preguntas son contestadas de manera satisfactoria. - Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional (TI), España se sitúa en el puesto 37 de 175 países y territorios, con 60 puntos en total (de un máximo de 100). Empatamos con Israel y por encima tenemos, entre otros, a Polonia y Taiwán (61 puntos). En el CIS, la preocupación de los españoles por la corrupción se disparó en noviembre y marcó un récord histórico con un 63,9%.
