Desde el 15 de marzo del año pasado que entró en vigencia, definitivamente, la llamada cláusula Telefónica, el Gobierno ha recaudado 82.792.813 euros, y tiene otros 700.000 pendientes de cobro. Veinte son las empresas han pagado ya al Tesoro para cubrir la protección por desempleo de 5.214 trabajadores, según ha respondido el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social a una pregunta que al respecto le ha hecho Convergència i Unió.
No obstante, la reforma legal tardó en completarse hasta marzo de 2013, cuando el actual Gobierno la incluyó en un Real Decreto Ley muy amplio que, entre otras cosas, también regulaba una modificación de la jubilación anticipada y a tiempo parcial, además de medidas para prolongar la vida laboral después de cumplir la edad de retiro.
Entre las razones por las cuales se generó el retraso son las pensiones que las grandes y medianas empresas, con los grandes despachos de abogados, hicieron sobre el Gobierno para intentar reducir y no mostrar tan notorio su impacto.
Es importante el destacar que el coste del desempleo de estos trabajadores suele ser el más alto de todos, pues, habitualmente, tienen derecho al periodo máximo de protección, que está en dos años. Suelen ser empleados con largas carreras laborales y de cotización, además de tener derecho a una indemnización por despido improcedente muy elevada.
Uno de los objetivos por los cuales las empresas utilizan a la prejubilaciones es para conseguir una reducción de plantilla pacífica y, parcialmente pagada por la Seguridad Social.
La reforma es planteada de la siguiente manera: las compañías con más de 100 trabajadores y con beneficios están obligadas a pagar al Tesoro cuando el porcentaje del número de los trabajadores mayores de 50 años incluidos en el despido colectivo sea superior al peso de ese grupo de edad en la plantilla.
También afecta a las que obtengan resultados positivos durante, por lo menos, dos años consecutivos entre el año anterior al despido y los cuatro ejercicios posteriores al mismo. Para ello, a estos efectos, las compañías están obligadas a informar al Tesoro de los resultados obtenidos en esos años. En los casos de grupos de empresas o multinacionales, el pago obliga a las compañías cuando tengan beneficios en España.
