Las reclamaciones y consultas de los usuarios pertenecientes a las organizaciones de consumidores han evidenciado un crecimiento del 30%. La mayoría de inconvenientes que se presentan entre consumidores y empresas tienen su punto final en los juzgados, en la mayoría de los casos es una solución lenta y costosa que, en ciertos casos queda sin resultados.
De esta forma y la finalidad de dar una solución a los conflictos, el gobierno ha establecido una la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, dando forma legal a la figura del mediador y definiéndolo como el 'responsable de dirigir un procedimiento en donde el objetivo básico es facilitar el consenso en situaciones de conflicto'.
El proceso de mediación ha sido diseñada con unas particularidades, entre ellas se dice que debe describir la directiva europea, su duración, su confidencialidad, la ausencia de abogados, y de suma importancia que no obligue a las partes a llegar a un acuerdo, sin embargo el objetivo del mediador, es facilitar la comunicación para que ambas partes acaben llegando un acuerdo racional y vinculante.
El costo de este servicio es de 120 euros, valor considerado como un incentivo sobre todo a pequeñas y medianas empresas que no pueden incurrir en el coste de una asesoría legal para encarar un proceso judicial, más aún desde el aumento de las tasas judiciales en España.
Es por ello, que se ha llevado a cabo una campaña informativa para el conocimiento de esta iniciativa que ayudará a los consumidores, a solucionar los posibles conflictos que puedan surgir con empresas de una manera amistosa por la vía del acuerdo.