La reforma de la Formación Profesional entra en su fase final de implantación en España. Tras varios años de cambios normativos y organizativos, el sistema encara el reto de consolidar la FP Dual, adaptar la oferta a las necesidades del mercado laboral y corregir las desigualdades territoriales.
La reforma de la Formación Profesional afronta en octubre de 2025 su último tramo de desarrollo, con el foco puesto en la consolidación de un modelo más flexible, conectado con la empresa y orientado al empleo. Después de un proceso progresivo de implantación, el sistema educativo se encuentra ahora en una etapa clave, en la que los ajustes finales marcarán su eficacia real a medio y largo plazo.
Uno de los pilares de la reforma ha sido la transformación de la FP en un sistema integrado, capaz de acompañar a las personas a lo largo de toda su vida profesional. Este enfoque busca facilitar tanto la inserción laboral de los jóvenes como la recualificación de trabajadores en activo o en situación de desempleo, en un mercado laboral cada vez más cambiante y exigente.
La FP Dual ocupa un lugar central en esta fase final. La ampliación de este modelo pretende reforzar la relación entre centros educativos y empresas, permitiendo que los estudiantes adquieran experiencia real durante su formación. No obstante, su implantación sigue siendo desigual entre comunidades autónomas, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la coordinación y el apoyo al tejido empresarial, especialmente a las pymes.
Otro de los aspectos clave de la reforma ha sido la actualización de los contenidos formativos. La incorporación de nuevas titulaciones y la revisión de los currículos responden a la demanda de perfiles técnicos en ámbitos como la digitalización, la industria avanzada, la energía, la logística o la sanidad. El reto ahora es asegurar que esta oferta se mantenga alineada con la evolución del mercado laboral y con las necesidades reales de las empresas.
Desde el punto de vista de los centros educativos, el último tramo de la reforma implica adaptaciones organizativas y metodológicas. La formación del profesorado, la gestión de la relación con las empresas y la evaluación por competencias son elementos que requieren tiempo y recursos para consolidarse de forma efectiva en el día a día de la FP.
El papel de las comunidades autónomas resulta determinante en esta fase final. La aplicación práctica de la reforma depende en gran medida de la capacidad de cada territorio para adaptar el marco normativo a su realidad productiva y social. Esta diversidad explica avances desiguales y pone sobre la mesa la necesidad de compartir buenas prácticas entre regiones.
La culminación de la reforma de la Formación Profesional se produce en un contexto de alta demanda de profesionales cualificados. Las empresas reclaman perfiles técnicos y especializados, mientras que la FP se consolida como una de las vías con mayor empleabilidad en España. El éxito de este último impulso dependerá de la capacidad del sistema para traducir los cambios normativos en resultados reales de inserción laboral y calidad formativa.
Con este último coletazo, la Formación Profesional se juega buena parte de su credibilidad como pilar estratégico del sistema educativo y del mercado de trabajo. La reforma ha sentado las bases de un modelo más moderno y conectado con la realidad económica; ahora, el desafío pasa por afianzarlo y garantizar que cumpla las expectativas creadas entre estudiantes, empresas y sociedad.
