¿Qué estudios se necesitan para ser Abogado de Estado?

Funciones:

¿Te interesa el Derecho? Quizá quieras saber más acerca de las funciones de los abogados de Estado.

Los miembros de la Abogacía General de Estado tienen como fin la defensa de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos o cualquier entidad pública ante un conflicto jurídico, así como prestar asesoramiento cuando sea pertinente. 

Su labor, en definitiva, sirve para la representación y defensa de todos los intereses del Estado ante organismos y entidades como la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, etc.

La labor de un abodago de este cuerpo jurídico se convierte en un instrumento de la Administración Pública. Vela por el interés general, por lo que este letrado ha de tener gran vocación por el servicio público, y más teniendo en cuenta que cuando un experto magistrado forma parte de la Abogacía del Estado, no podrá elegir qué caso representar, sino que le serán asignados. 

¿Dónde podemos encontrar a los abogados de Estado? 

Un profesional del cuerpo general de abogados del Estado puede desempeñar sus funciones en cualquiera de los diferentes órganos que vertebran su acción, esto es: subdirecciones y secretarías generales y demás representaciones de la abogacía del Estado en las principales estancias jurídicas de la administración pública: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas, diferentes ministerios... 

¿Y cuáles son exactamente sus funciones? 

• Representan y defienden los intereses del Estado ante cualquier tribunal de todo orden jurisdiccional, así como en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales, en los términos de la legislación vigente.

• Se ocupan de la salvaguarda de los derechos humanos y la asistencia jurídica a España en la materia ante cualquier tribunal o corte internacional.

• Procuran asesoramiento en materia de Derecho de la Unión Europea a las instituciones y durante cualquier proceso de arbitraje entre las dos partes (UE y España).

• Crean grupos de investigación y ponen en marcha actividades de discusión y debate para analizar materias jurídicas de ámbito nacional o internacional.

• Programan y organizan cursos de formación y actualización de conocimientos para todas las trabajadoras del Servicio Jurídico del Estado. 

• Asignan y administran el presupuesto del Servicio Jurídico del Estado. 

Requisitos y Estudios Necesarios:

Para formar parte de la Abogacía del Estado, además de poseer el título correspondiente en Derecho, es necesario aprobar unas oposiciones bastante exigentes: hasta ahora, solo una tercera parte de los que se presentan a la oposición aprueban. La oposición consta de la preparación de 455 temas cuyo estudio habitualmente requiere una media de cinco años de estudio.

Para optar a la oposición, existen unos requisitos básicos para formar parte de la Abogacía del Estado: 

• Disponer de nacionalidad española.

• Tener el título de Licenciado o Graduado en Derecho.

• Ser mayor de 18 años y no haber cumplido la edad de jubilación.

• No estar incapacitado o inhabilitado para ejercer la abogacía o para ejercer cargos públicos.

Si estás pensando en presentarte, lo mejor es que cuentes con el apoyo de un profesor o una academia que te aconseje durante el estudio. Desde luego, tendrás que tomártelo muy en serio, ten en cuenta que cada dos años aparecen unas cincuenta plazas disponibles y a las oposiciones se presentan una media de mil aspirantes. 

¿Y cómo son las oposiciones? 

Se trata de cinco ejercicios a los que tendrás que responder oralmente. Los dos primeros aluden a materias puramente jurídicas (Derecho Civil, Hipotecario, Procesal, Mercantil y Trabajo / Hacienda Púbica, Derecho Constitucional, Administrativo, Europeo y Penal); el tercer ejercicio consiste en una prueba de nivel en inglés o francés, aunque el aspirante puede examinarse voluntariamente de cualquier otra lengua comunitaria. Por último, en el cuarto ejercició se redacta un dictamen y el quinto consiste en un ensayo sobre una materia jurídica de interés para la Administración Pública de Justicia. 

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Datos y Estadísticas:

Una vez se superan las oposiciones, lo normal es que los abogados del Estado se especialicen por ámbito de aplicación en: 

1. Derecho Administrativo.
2. Derecho Constitucional.
3. Derecho Internacional Público.
4. Derecho Penal.

De este modo se repartirán entre las diferentes secretarías o subdirecciones dependientes de la Abogacía del Estado.

Estos profesionales se encargan de la administración de justicia en las altas instancias del Estado, y muchas veces son responsables de la percepción  que existe de justicia social, ya que se ocupan de conflictos públicos bastante notorios. Sin embargo, la percepción del sistema de Justicia en nuestro país es algo deficiente, como se comprueba en la tesis La imagen del abogado en la sociedad, de Partida Zuazquita, G.S., donde a la pregunta "¿Cree usted que en España la justicia es igual para todos?", un 49% respondía con un rotundo "NO" y tan solo un 31% le otorgaba una puntuación mayor al aprobado. 

La Abogacía del Estado tiene fama de "cuerpo de élite"; algunos la señalan como la más poderosa de la Administración Pública, y muchos de sus integrantes terminan dando el salto a la política. Su participación en la resolución de conflictos de toda índole provee a este cuerpo jurídico de información muy atractiva para los intereses financieros; así, los abogados del Estado son muy codiciados por la empresa privada para posicionar sus intereses estratégicamente y tener acceso a información privilegiada de primera mano. Uno de cada diez abogados del Estado terminan engrosando las filas de los consejeros de las principales empresas del Ibex35. Sin embargo, muchas veces el ejercicio en el ámbito privado entra en conflicto con los intereses generales, por lo que es necesaria una autorización especial para ejercer en el ámbito privado: lo llaman nivel 24. 

Aun así, estos abogados del Estado están autorizados a trabajar en el ámbito privado siempre y cuando este ejercicio jurídico no entre en conflicto con los intereses de empresas o instituciones públicas, ni mucho menos con los de la Administración Pública del Estado.